Gerente de Regulación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Telefónica del Perú

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 23 años de experiencia liderando temas regulatorios y legales en el sector de telecomunicaciones, actualmente se desempeña como Gerente de Regulación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Telefónica del Perú. Además, es Vicepresidenta del Comité de Telecomunicaciones de Amcham Perú.

La inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos. Sin embargo, además del delito que se percibe en las calles, existe otro riesgo menos visible, pero que facilita la comisión de delitos: la exposición permanente de los datos personales de los ciudadanos. Una vulnerabilidad que no solo involucra a las instituciones que los gestionan, sino también a las propias personas en su vida digital.

Cada vez que un ciudadano navega por internet y acepta, sin leer, las políticas de cookies de un sitio web; cuando publica información sensible en redes sociales; cuando marca casillas sin detenerse a evaluar las implicaciones para descargar una aplicación; o, de manera aún más grave, cuando abre enlaces o archivos de origen desconocido, o comparte información en respuesta a una SMS o correo electrónico sin validar previamente al remitente, está exponiendo sus datos personales sin ser plenamente consciente de las consecuencias.

Esa exposición facilita la comisión de delitos contra el patrimonio y la integridad de las personas. Hoy, la información personal puede ser utilizada para suplantar identidades, cometer fraudes o extorsiones. En un contexto donde la delincuencia se adapta rápidamente al entorno digital, no cuidar nuestros datos personales es comparable a dejar la puerta abierta del hogar.

Las instituciones públicas y privadas tienen un rol que va más allá del cumplimiento de obligaciones legales en materia de privacidad. Requieren apostar por la educación de los ciudadanos sobre la importancia de proteger su información, porque los datos personales se han convertido en una primera línea de defensa frente al fraude y el delito digital.

Asimismo, existe una tarea pendiente por parte del Estado para asegurar un entorno digital más seguro: han transcurrido 8 meses y aún no se regula el uso de numeración especial para las comunicaciones de los proveedores exigido por la Ley Antispam. A ello se suma la ausencia de medidas efectivas para evitar la alteración de la numeración de llamadas o mensajes de texto, una práctica prohibida que se realiza sin control. Mientras tanto, los ciudadanos carecen de información suficiente para decidir si contestar una llamada o identificar si detrás de un SMS hay un estafador.

La protección de los datos personales no depende únicamente de normas o tecnología. Requiere, sobre todo, ciudadanos informados, empresas e instituciones responsables y un Estado que actúe con oportunidad. En un país que enfrenta graves desafíos de seguridad, cuidar los datos personales es también una forma de cuidar a las personas.

Instituciones y el Estado deben educar sobre la importancia de proteger la información personal. Fuente: Shutterstock.

Sin educación digital, no hay protección de datos posible

En un mundo cada vez más conectado, el espectro radioeléctrico debe ser entendido como el vehículo para conectar a las personas, digitalizar economías y transformar sociedades. En cada llamada telefónica, consulta de tareas escolares en internet o venta que realiza un emprendedor mediante redes, el espectro está presente para asegurar nuestra conectividad diaria y brindarnos oportunidades de desarrollo.

Han transcurrido 12 años desde que el Estado peruano asignó las primeras bandas 4G, y actualmente hay más de 76 mil centros poblados con 4G. Sin embargo, hoy necesitamos un carril más rápido para atender las crecientes necesidades de conectividad de los peruanos: el tráfico de datos móviles creció 72% en los últimos dos años y diversos sectores económicos apuestan por la digitalización para mejorar su productividad.

La masificación del 5G representa una oportunidad única para transformar industrias y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Tecnologías como la telemedicina, la gestión de riesgo inteligente y el control logístico en la minería dependen de esta nueva generación de redes.

Lo cierto es que la región ya ha avanzado en la asignación de bandas 5G: Brasil, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, México e incluso Venezuela este año. En Perú, el MTC decidió, de manera acertada, implementar un mecanismo especial de asignación que permitirá ponerlo a disposición en un plazo mucho menor que el de una licitación.

Estamos confiados en que la asignación del espectro 5G pueda concretarse en el corto plazo, pero será clave que se otorgue bajo condiciones razonables para garantizar el éxito del proceso. Esto permitirá enfocar las inversiones en el despliegue de la nueva red, considerando que la tecnología 5G involucra costos significativamente mayores que las tecnologías anteriores, ya que requiere una mayor densidad de antenas.

A ello se suma que, contrario al crecimiento de la demanda, los ingresos operativos del sector apenas han crecido un 1.4%, por lo que necesitamos políticas que viabilicen la modernización de las redes de manera sostenible. Los precios del espectro se vienen reduciendo a nivel internacional, y esperemos que Perú no sea la excepción considerando el contexto económico del país.

Otro gran reto es emprender una transformación profunda en las reglas de renovación de las licencias de espectro, para que brinden mayor predictibilidad y promuevan inversiones. Brasil ha seguido ese camino, incorporando la renovación automática en las licencias 5G. Ello, sumado al pago del espectro con obligaciones de hacer razonables, les ha permitido masificar el 5G. El último año, Brasil subió 33 posiciones en el ranking de velocidad de Ookla, situándose en el puesto 6 a nivel mundial. Perú puede emprender el mismo camino.

Apostar por más espectro, en condiciones razonables, y promover la sostenibilidad del sector es una inversión en el desarrollo de nuestro país. El Perú tiene la oportunidad de avanzar en esta transformación digital. Con voluntad de ambos lados, sector público y privado, podemos cerrar brechas, democratizar el acceso y asegurar que nadie quede atrás en esta nueva era digital.