Abogado especializado en derecho digital, privacidad y tecnología. Con amplia experiencia en asesoría legal y políticas públicas, impulsa el desarrollo de entornos digitales seguros, promoviendo innovación, confianza y protección de datos en el ecosistema peruano.

El ecosistema digital peruano enfrenta una fecha decisiva. Este 10 de septiembre vence el primer plazo de cumplimiento obligatorio del Reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial (D.S. N° 115-2025-PCM) para cinco sectores estratégicos: salud, educación, justicia, finanzas y seguridad. La norma es pionera en la región y establece parámetros jurídicos indispensables para atraer inversión de alta tecnología, equilibrando los derechos de los ciudadanos y convirtiéndose en una ventaja competitiva para el país.

<blockquote class="wp-block-quote">PUEDES VER: <a href="https://especial.larepublica.pe/peru-conectado/2026/2026/09/11/internet-satelital-para-zonas-rurales-del-peru-ee-uu-prepara-proyecto-de-us65-millones-632159">Internet satelital para zonas rurales del Perú: EE. UU. prepara proyecto de US$6,5 millones</a></blockquote>

Internet satelital para zonas rurales del Perú: EE. UU. prepara proyecto de US$6,5 millones

<h2>De la teoría a la responsabilidad operativa</h2>

Inspirado en el modelo basado en riesgos de la Unión Europea, el Reglamento exige que las inteligencias artificiales clasificadas de riesgo alto se sostengan en tres pilares:

<ol> <li>Transparencia y explicación: Exige el etiquetado de sistemas de IA y el derecho irrenunciable a una explicación si una decisión automatizada afecta al ciudadano. Por ejemplo, un banco que use aprendizaje automático no solo debe avisarle al usuario, sino explicar claramente los parámetros aplicados si le deniega un crédito.</li> <li>Supervisión humana (Human-in-the-loop): Prohíbe que la <a href="https://especial.larepublica.pe/peru-conectado/2026/2026/08/31/uso-de-ia-en-empresas-en-peru-48-ya-la-utiliza-para-decisiones-de-tecnologia-e-inversion-748123">IA </a>sea el único decisor en áreas sensibles. Si un centro médico emplea IA para analizar radiografías, el sistema no puede emitir diagnósticos ni recetas automáticamente; la decisión final la firma el médico.</li> <li>Gestión de riesgos y privacidad: Clasifica usos prohibidos (como la vigilancia masiva) y exige blindar la gobernanza de datos para evitar que los colaboradores filtren secretos comerciales o información personal a plataformas externas.</li> </ol>

<blockquote class="wp-block-quote">PUEDES VER: <a href="https://especial.larepublica.pe/peru-conectado/2026/2026/09/07/tu-empresa-usa-ia-esto-exige-la-nueva-ley-de-inteligencia-artificial-en-peru-desde-el-10-de-setiembre-230524">Nueva Ley de IA en Perú: esto deberán cumplir las empresas desde el 10 de setiembre</a></blockquote>

Nueva Ley de IA en Perú: esto deberán cumplir las empresas desde el 10 de setiembre

<h2>Gobernanza e institucionalidad: el verdadero reto</h2>

Consciente de no asfixiar al mercado, la norma otorga un &quot;tiempo de gracia&quot; de hasta tres años a las MYPEs y una gradualidad a sectores como energía o minería hasta 2029.

Sin embargo, el éxito de la norma dependerá de su arquitectura institucional. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) lidera la política técnica, pero al no contar con facultades sancionadoras, deberá coordinar con Indecopi, la SBS y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (APDP). Fortalecer la autonomía técnica de estos entes es crucial para darles capacidad operativa, cuidando que la SGTD actúe como un articulador que estimule la innovación, promoviendo sandboxes regulatorios, en lugar de convertirse en un policía burocrático que paralice la innovación.

La etapa de gracia para los primeros sectores terminó. El sector privado debe auditar con urgencia sus algoritmos y el Estado garantizar una ejecución ágil. Solo así la regulación abrirá paso al talento en lugar de quedarse en una declaración de intenciones.

Esta normativa impulsa la inversión en tecnología al tiempo que protege los derechos ciudadanos, siendo pionera en la región. Foto: difusión.

El 10 de septiembre marca el fin del primer plazo del Reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial en Perú, afectando a salud, educación, justicia, finanzas y seguridad.

El despertar normativo de la IA en Perú: del papel a la realidad

¿Es ético obligar a un paciente a firmar el consentimiento de uso de<a href="https://especial.larepublica.pe/peru-conectado/2026/2026/05/18/concurso-de-inteligencia-artificial-del-mtc-busca-mejorar-el-transito-urbano-en-peru-629874"> inteligencia artificial generativa (IA)</a> para recibir atención médica? Esta interrogante, que hasta hace poco parecía confinada a debates teóricos acaba de irrumpir con fuerza en la agenda global, abriendo una discusión incómoda pero urgente sobre el uso seguro y responsable de la tecnología en nuestra vida cotidiana.

El detonante proviene de una reciente nota del diario británico The Guardian. El caso expone a una psiquiatra en Melbourne, Australia, quien tomó una polémica decisión clínica, anunció que no atendería a ningún paciente nuevo a menos que aceptaran, sin condiciones, que una <a href="https://especial.larepublica.pe/peru-conectado/2026/2026/05/12/inteligencia-artificial-de-google-permite-recuperar-fotos-antiguas-gratis-y-en-segundos-390156">herramienta de IA</a> transcribiera y analizara sus sesiones de salud mental. El argumento de la especialista es comprensible y se ampara en la necesidad de reducir la asfixiante carga administrativa que pesa sobre los profesionales de la salud y combatir el burnout médico.

Sin embargo, cuando analizamos el fondo del asunto, la perspectiva cambia. Condicionar el acceso a un servicio tan crítico y vulnerable como la salud mental a la entrega obligatoria de datos ultra-sensibles cruza una línea roja peligrosa. El consentimiento, para ser ético y legal, debe ser libre e informado. Cuando se elimina la alternativa de rechazo sin sufrir la pérdida de una atención especializada, el consentimiento deja de ser un acto de libertad y se transforma en una imposición.

<img src="https://comercial.cronosmedia.glr.pe/original/2026/05/26/6a160ee87c0686680103fc68.jpg" alt="inteligencia-artificial-empresas" title="La priorización de la eficiencia no debe vulnerar los derechos fundamentales de los usuarios en ningún sector. Fuente: envato." width="1250" height="735"/><figcaption>La priorización de la eficiencia no debe vulnerar los derechos fundamentales de los usuarios en ningún sector. Fuente: envato.</figcaption>

Este caso real no es una anécdota aislada del sector salud. Representa el reflejo exacto de los riesgos estratégicos que enfrentan hoy las organizaciones en múltiples industrias al acelerar la adopción de herramientas de IA sin contar con una política institucional clara ni un marco sólido de gobernanza. En la carrera por capturar ventajas competitivas y optimizar procesos, muchas empresas olvidan el factor humano. Cuando la eficiencia operativa se prioriza a ciegas, omitiendo los derechos fundamentales del cliente, el riesgo reputacional, de marca y legal de la organización se dispara de inmediato hacia niveles críticos.

Traslademos este escenario a otros campos de la actividad profesional. Imaginemos que un cliente acude a una asesoría legal corporativa de alta confidencialidad y el estudio de abogados activa obligatoriamente un transcriptor <a href="https://especial.larepublica.pe/peru-conectado/2026/2026/04/17/la-ia-de-google-esta-cambiando-como-navegas-en-internet-sin-que-lo-notes-245242">automatizado de IA</a> para registrar toda la sesión, sin dejarle otra opción que retirarse si se siente incómodo. ¿Hasta qué punto es legítimo presionar al usuario para que ceda el control de su información privada en nombre de la optimización del negocio y de la reducción de costos operativos?¿Una situación de este tipo quiebra el secreto profesional?

Si lideras áreas de tecnología, innovación, legal o compliance en el Perú, este espejo internacional te obliga a mirar con urgencia tu propia estrategia corporativa. Ya no basta con que la tecnología funcione impecablemente o demuestre un retorno de inversión inmediato; debe ser transparente, auditable, ética y estar alineada con la regulación vigente. El desconocimiento o la ligereza en la implementación ya no son excusas válidas para los directorios.

<img src="https://comercial.cronosmedia.glr.pe/original/2026/05/26/6a160ee4a44aeb92ba0b668e.jpg" alt="inteligencia-artificial-empresas" title="Este caso refleja los riesgos que enfrentan las organizaciones al implementar IA sin políticas claras. Fuente: envato." width="1250" height="735"/><figcaption>Este caso refleja los riesgos que enfrentan las organizaciones al implementar IA sin políticas claras. Fuente: envato.</figcaption>

En América Latina, los marcos normativos de IA proliferan rápidamente. En nuestro contexto, el Perú ha sido pionero al promulgar la Ley que promueve el uso de la Inteligencia Artificial (Ley N° 31814) y sus disposiciones reglamentarias. Este marco exige a los actores públicos y privados el desarrollo de auditorías de algoritmos, esquemas de gestión de riesgos y la garantía de un control humano estricto, en especial cuando se trata de sistemas de IA de alto impacto.

La gobernanza corporativa de la IA no debe entenderse jamás como un freno para la innovación ni como un obstáculo burocrático para el crecimiento. Al contrario, implementar un marco ético proactivo es la mejor forma de anticiparse al futuro del mercado. Es una aproximación indispensable para asegurar que tu negocio adopte tecnología sin arriesgar su reputación ni enfrentar severas sanciones administrativas. La innovación y la eficiencia son motores del éxito empresarial, pero el liderazgo responsable exige que la adopción tecnológica preserve siempre la confianza, la transparencia y el derecho de elección del usuario.

La ética del consentimiento en el uso de inteligencia artificial generativa en atención médica se debate con fuerza. Fuente: envato.

El uso de inteligencia artificial corporativa genera debate sobre consentimiento, privacidad y ética digital. Especialistas advierten riesgos legales y reputacionales para empresas.

Uso de inteligencia artificial en empresas y el riesgo de imponer consentimiento

¿Consentimiento o imposición? El límite ético de la IA corporativa

La conversación sobre inteligencia artificial en América Latina dejó de ser futurista y ya forma parte de la agenda pública. En los últimos años, la región entró en una carrera acelerada por regular la IA, aunque muchas veces sin diagnóstico, ni prioridades y, lo más grave, sin estrategia. Desde Niubox analizamos más de 200 iniciativas legislativas en 13 países y encontramos un dato que obliga a mirar con más rigor: Perú ocupa hoy el top 3 regional -con 34 proyectos de ley- solo por detrás de Argentina (49) y México (48).

Mientras los dos gigantes latinoamericanos acumulan propuestas pendientes de aprobación; Perú destaca por tener cuatro leyes sobre IA ya aprobadas —el Decreto de Urgencia N° 007-2020, la Ley N° 31814, la Ley N° 32082 y la Ley N° 32314— además de un reglamento operativo, publicado en septiembre de este año.

Pero regular más no significa regular mejor. La tendencia dominante en la región es preocupante: la mayoría de iniciativas se concentran en delitos y agravantes (43 proyectos) y en marcos jurídicos generales (42). Es decir, regulamos la IA como si fuera principalmente un riesgo a contener. A este enfoque lo llamo “tecnopánico regulatorio”: legislar desde la lógica del control, la desconfianza y la sanción, antes que desde la innovación, la evidencia y la habilitación.

Este problema se agrava porque buena parte de la región regula mirando modelos extranjeros, particularmente el europeo, sin preguntarse si nuestras capacidades institucionales y tecnológicas permiten implementarlos. Incluso Europa ya debate ajustes para no perder competitividad frente a Estados Unidos y China. Si ellos revisan sus marcos, ¿cómo justificar que América Latina copie esos estándares sin adaptación?

Además, la regulación suele ignorar una realidad estructural: la región enfrenta una brecha digital profunda. Regular sin cerrar estas brechas genera normas inoperativas en la práctica. Mientras los legislativos discuten prohibiciones, casi no se debate cómo crear condiciones para la industria, el talento humano o la inversión en IA. La discusión pública sigue atrapada entre la fascinación y el miedo, en lugar de orientarse a la construcción de capacidades. Muestra de ello es que Perú, pese a toda la legislación aprobada, no cuenta aún con una Estrategia Nacional de IA, instrumento clave para trazar el rumbo del país con esta tecnología.

Si se mantiene este rumbo, la región corre el riesgo de bloquear la innovación en vez de habilitarla. No es un tema menor: una mala regulación eleva costos, espanta inversión y genera barreras para que los pequeños emprendedores accedan o desarrollen la IA.

Perú tiene hoy una ventana única: combinar su marco normativo vigente con una estrategia nacional clara y realista. Porque regular no basta. Lo que define a los países líderes no es cuántas leyes aprueban, sino qué tan bien construyen ecosistemas tecnológicos sostenibles.