La propuesta busca reducir el anonimato en llamadas y mensajes para mejorar la identificación del origen de las comunicaciones y limitar el uso de numeración falsa. Aunque aún está en evaluación, la medida abre un debate sobre seguridad, control y privacidad en el uso de las telecomunicaciones en el país.

¿Recibes llamadas de números desconocidos? Esto podría cambiar pronto en el sistema telefónico.
17 Abr 2026 | 16:57 h
Redacción Perú Conectado
Las llamadas de números desconocidos, los mensajes sospechosos y las estafas telefónicas se han vuelto cada vez más frecuentes en el Perú. Frente a este escenario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó un proyecto de reglamento que busca reducir el anonimato en las comunicaciones telefónicas y enfrentar el uso ilícito de llamadas y mensajes de texto. La propuesta forma parte del desarrollo del Decreto Legislativo N.º 1723 y apunta a mejorar la identificación del origen de las comunicaciones en el país. Aunque todavía no es una norma vigente, el planteamiento abre un debate sobre su impacto en la seguridad y la privacidad de los usuarios.

El uso de llamadas y SMS en Perú podría volverse más transparente con nuevas medidas en evaluación.
Uno de los principales problemas es que hoy existen mecanismos que permiten ocultar o alterar el número de origen. Esto hace posible que:
Estas prácticas son aprovechadas en delitos como la suplantación de identidad o la extorsión, que han tenido un crecimiento sostenido en los últimos años.
La propuesta en discusión plantea reforzar la trazabilidad de las comunicaciones, es decir, la capacidad de seguir el rastro de una llamada o mensaje hasta su origen real.
Para ello, se contemplan medidas como:
El objetivo es cerrar los vacíos que permiten que muchas de estas comunicaciones se realicen sin identificación clara.

Se plantean cambios en cómo se asignan y verifican los números telefónicos en el país.
En la práctica, los cambios recaerían principalmente en las empresas operadoras, que tendrían que aplicar controles más estrictos. Para los usuarios, esto podría traducirse en menor cantidad de llamadas fraudulentas, mayor seguridad al recibir comunicaciones y reducción de intentos de estafa. Sin embargo, el impacto real dependerá de cómo se implementen estas medidas.
Uno de los aspectos más sensibles de la propuesta es el equilibrio entre seguridad y privacidad. Aunque se plantea que se respetarán los derechos de los usuarios, surgen interrogantes relevantes sobre su aplicación: qué tipo de información podría ser monitoreada, quién tendría acceso a esos datos y qué mecanismos existirían para evitar un uso indebido. Este tipo de medidas suele generar debate porque, si bien buscan combatir delitos como estafas o extorsiones, también implican un mayor nivel de control sobre las comunicaciones.
Por ahora, la iniciativa no está vigente. Se encuentra en etapa de consulta pública, lo que significa que aún puede modificarse antes de convertirse en una norma oficial. Durante este periodo, tanto especialistas como ciudadanos pueden presentar observaciones y aportes, en un proceso que será clave para definir sus alcances finales.