OSIPTEL y el Ministerio Público alertaron que la compra de chips en la calle en Perú puede estar vinculada a extorsiones, fraude y suplantación de identidad. Además, advirtieron que la venta ilegal de líneas móviles puede ser sancionada con hasta nueve años de prisión.

22 Jun 2026 | 18:00 h
Karla Morales
Las autoridades alertaron que la adquisición de líneas móviles en la vía pública en Perú podría estar vinculada a casos de extorsión y delitos informáticos, según advirtieron OSIPTEL y el Ministerio Público. En esa línea, precisaron que la venta informal de chips móviles facilita la activación de líneas sin verificación de identidad, lo que incrementa el riesgo de que sean utilizadas en delitos como extorsión, fraude y suplantación de identidad.
Como parte de sus medidas de prevención, OSIPTEL y las Fiscalías de Prevención del Delito realizaron un taller en San Juan de Lurigancho enfocado en la contratación segura de servicios móviles. El evento reunió a 100 participantes, entre representantes de distribuidores autorizados, mercados, autoridades municipales, fiscales y policías, con el objetivo de reforzar la vigilancia sobre la venta de chips móviles en el país.

Venta informal de chips móviles en Perú estaría vinculada a extorsión y delitos informáticos.
Las autoridades explicaron que los chips móviles deben adquirirse únicamente en puntos de venta autorizados y registrados ante OSIPTEL, lo que permite validar la identidad del usuario y evitar el uso indebido de líneas. Cuando se compran en la vía pública o en canales informales, se pierde este control, lo que incrementa el riesgo de que sean utilizadas en actividades delictivas.
OSIPTEL recordó que existen sanciones no solo administrativas, sino también penales, para quienes incumplen las normas de contratación de servicios móviles.
Entre las principales penas se encuentran:

Compra de chips en la vía pública en Perú podría estar relacionada con redes de extorsión.
El organismo regulador exhortó tanto a los distribuidores autorizados como a la ciudadanía a cumplir con la normativa vigente. Además, enfatizó que verificar la identidad del vendedor y del solicitante del servicio no es solo una obligación legal, sino una medida clave para reforzar la seguridad ciudadana y reducir los riesgos de fraude y extorsión.
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