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09 Abr 2026 | 12:01 h
La Defensoría del Pueblo enfatizó la necesidad de continuar combatiendo el acoso y la violencia política contra las mujeres. Estas agresiones se presentan mediante acciones como restringir el uso de la palabra en eventos públicos, impedir la participación de candidatas en actividades políticas o realizar ataques digitales y difundir información privada en redes sociales. Dichas conductas vulneran el derecho a una participación política equitativa, digna y libre de discriminación.
En el marco de las Elecciones Generales del 12 de abril, el Ministerio de la Mujer (Mimp) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizaron el evento Democracia sin violencia: acciones interinstitucionales frente al acoso político contra las mujeres en el marco de las Elecciones Generales 2026.
Durante su intervención, titulada Supervisión del cumplimiento estatal frente al acoso político contra las mujeres: brechas y desafíos de la Ley N.° 30364 y la Ley N.° 31155, se afirmó que apenas 4 de las 36 candidaturas presidenciales son femeninas. Ante esta cifra, la institución subrayó la importancia de impulsar la presencia de las mujeres en los cargos de poder.
Se aprovechó este espacio para detallar las responsabilidades de diversas entidades, como el Ministerio de la Mujer, encargado de gestionar el Observatorio Nacional de Acoso Político contra la Mujer, y el Ministerio de Cultura, que debe fomentar la inclusión de mujeres indígenas y afrodescendientes. Igualmente, se resaltó la función que corresponde a las agrupaciones políticas y a los entes electorales en este proceso.
Durante el encuentro, que contó con unos 70 asistentes de diversos sectores (Estado, academia, organismos internacionales y sociedad civil), se subrayó la urgencia de erradicar el acoso político, que frecuentemente frena las ambiciones electorales de las candidatas y vulnera su derecho a la participación.
Por último, se convocó a los jóvenes presentes a participar en las labores de fiscalización electoral a nivel nacional como voluntarios o comisionados supervisores. Con esta intervención, la Defensoría del Pueblo ratifica su labor de proteger el derecho de las mujeres a participar en elecciones sin ser víctimas de discriminación, acoso o violencia.
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