


La publicación de la Ley N.° 32551 ha reactivado un viejo debate en el sistema universitario peruano: ¿es obligatorio tener maestría o doctorado para enseñar en la universidad? La respuesta ahora depende del momento en que el docente ingresó a la carrera universitaria.
La norma, publicada por el Congreso en el diario oficial El Peruano, introduce cambios clave a la Ley Universitaria y establece excepciones que impactan directamente en miles de docentes.
Cuando la Ley Universitaria (Ley 30220) entró en vigencia en 2014, impuso nuevos requisitos académicos para ejercer la docencia. Sin embargo, muchos profesores habían sido nombrados años antes, bajo reglas distintas. La Ley 32551 busca cerrar ese vacío legal y evitar que docentes con trayectoria sean retirados por no cumplir exigencias que no existían al momento de su nombramiento.
No se trata de una eliminación general de los requisitos. La ley es clara en delimitar a los beneficiarios:
Docentes que sí están comprendidos
Para ellos, tener maestría o doctorado deja de ser obligatorio y pasa a ser un requisito opcional.
Docentes que no están comprendidos
En estos casos, los grados académicos exigidos se mantienen sin cambios.
Para quienes no están dentro del régimen excepcional, la Ley Universitaria sigue estableciendo:
Estos requisitos continúan siendo el estándar para el sistema universitario peruano.
Además de la excepción permanente, la ley también amplía el plazo de adecuación académica. Los docentes que aún no cumplen con los grados exigidos tendrán tiempo hasta el 30 de diciembre de 2026 para regularizar su situación.
Esta decisión reemplaza lo establecido durante la pandemia y responde a las dificultades que muchos docentes enfrentaron para culminar estudios de posgrado.
Desde 2014, el plazo para cumplir con los requisitos académicos ha sido extendido de manera reiterada:
En 2026, la Ley 32551 marca un nuevo punto de quiebre al eliminar de forma permanente la obligación del posgrado para un grupo específico.
Mientras algunos consideran que la medida reconoce la experiencia docente y evita una salida forzada del sistema, otros sostienen que debilita el proceso de reforma universitaria y reduce los estándares académicos. Lo cierto es que la Ley 32551 redefine las reglas del juego y tendrá impacto directo en el futuro de la educación superior en el Perú.
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