


Si un colegio necesita ser ampliado, construido o recibir mantenimiento, el proceso para atender esa necesidad podría cambiar. El Gobierno declaró en emergencia la infraestructura educativa pública de todo el país debido a la importante brecha que existe y a dificultades de gestión que han complicado su reducción. La medida fue oficializada el último jueves mediante el Decreto Supremo N.° 013-2026-MINEDU.
La declaratoria no significa que todos los colegios públicos se encuentren en la misma situación. El objetivo es acelerar las acciones que permitan atender las necesidades de infraestructura identificadas a nivel nacional y mejorar cómo se gestionan los proyectos.
El problema no está únicamente en construir más aulas. Los informes técnicos que sustentan la medida señalan una brecha significativa de infraestructura educativa, además de dificultades para organizar y gestionar las intervenciones necesarias.
También se identificaron necesidades relacionadas con:
La emergencia permitirá adoptar medidas administrativas mientras se desarrolla una reforma normativa. La idea es mejorar la planificación y gestión de los proyectos para que las intervenciones sean más eficientes.
Por eso, el cambio planteado no se limita a levantar nuevas aulas o colegios. También busca ordenar la manera en que se toman decisiones sobre infraestructura educativa.
Esta es una de las principales novedades de la medida. El Ministerio de Educación deberá elaborar una propuesta con rango legal para crear un sistema funcional de infraestructura educativa de alcance nacional.
Además, se plantea establecer un ente rector adscrito al Minedu. La intención es separar con mayor claridad las responsabilidades del ministerio de aquellas relacionadas con la ejecución y supervisión de los proyectos.
Así, el Minedu mantendría las funciones de rectoría, planificación y formulación de políticas públicas, mientras que otras tareas corresponden a la ejecución, supervisión técnica, fiscalización y asistencia especializada.
El Minedu tiene un plazo máximo de 30 días hábiles desde la publicación del decreto para elaborar las normas necesarias y presentar la propuesta normativa.
La implementación de la declaratoria se financiará con el presupuesto institucional del Ministerio de Educación y no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.
En resumen, la emergencia busca atacar una brecha que va más allá del estado físico de los colegios: también apunta a cambiar la forma en que el Estado planifica, ejecuta y mantiene la infraestructura pública.
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