Una nueva iniciativa en el Congreso plantea modificar las condiciones educativas para miles de niños y jóvenes que han quedado sin padres. El legislador Américo Gonza Castillo, integrante de Perú Libre, presentó un proyecto de ley que propone otorgar becas integrales a estudiantes huérfanos en los niveles básico, técnico y universitario, tanto en instituciones públicas como privadas. La medida busca impedir que la falta de dinero se convierta en un freno para continuar estudiando y asegurar que puedan culminar su formación en el mismo centro donde ya están inscritos.
La propuesta, denominada Ley que garantiza la continuidad de los estudios para las personas que quedan en orfandad mediante otorgamiento de becas, plantea establecer un marco legal propio y permanente, reemplazando una norma que está vigente desde 1983. En ese año, la Ley 23585 solo consideraba a alumnos de colegios y universidades privadas, sin incluir institutos técnicos ni nuevas modalidades educativas. Ahora, este planteamiento pretende ajustarse a la realidad actual del sistema educativo y disminuir las cifras de deserción escolar y universitaria en la población más vulnerable.
Becas completas para alumnos que se encuentran en condición de orfandad
Si la propuesta se aprueba, los niños, adolescentes y jóvenes en situación de orfandad que estudien en colegios, institutos o universidades —públicos o privados— accederían a una beca total que cubra matrícula y pensiones hasta finalizar el nivel educativo en el que se encuentren. Para obtener este beneficio deberán demostrar legalmente su condición de orfandad y la falta de recursos económicos, presentando los documentos correspondientes ante su centro de estudios.
El proyecto señala que el Ministerio de Educación (Minedu) tendrá la responsabilidad de emitir el reglamento y supervisar la ejecución de la eventual ley, contando con un plazo máximo de 30 días tras su publicación en el diario oficial El Peruano. Además, precisa que las becas podrán suspenderse temporalmente cuando haya bajo rendimiento académico o problemas de conducta, pero podrán reactivarse si el estudiante levanta su desempeño. Solo en casos de expulsión definitiva se perderá el beneficio de manera total.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, más de 46 mil escolares dejaron de estudiar en solo un año, mientras que Unicef calcula que cerca de 700 mil niños y adolescentes abandonaron la escuela por dificultades económicas. Frente a este escenario, la propuesta busca evitar que la orfandad se convierta en un factor adicional de exclusión, garantizando que ningún estudiante pierda la posibilidad de completar su formación por falta de dinero o respaldo familiar.
El dictamen también subraya que la medida no implicaría un costo para el Estado, ya que las instituciones privadas asumirían los gastos, mientras que el sector público se encargaría de regular y fiscalizar el proceso. Este esquema de responsabilidad compartida —según la exposición de motivos— ha demostrado ser eficiente y sostenible en otros países de la región, de acuerdo con estudios de la CEPAL y la OCDE.
Actualización de una norma que rige desde 1983
El congresista Gonza sostiene que la normativa actual —la Ley 23585 y la disposición transitoria de la Ley 29837, que dio origen a Pronabec— ya no responde a la realidad del sistema educativo peruano. Por esa razón, su iniciativa propone establecer un marco legal propio, que evite duplicidades y otorgue seguridad jurídica tanto a los estudiantes beneficiarios como a las entidades educativas que administran las becas.
El documento indica que este nuevo marco legal se encuentra acorde con el artículo 13 de la Constitución, que reconoce la educación como un derecho esencial y obliga al Estado a asegurar igualdad de oportunidades. Asimismo, está relacionado con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, en particular la Política 11 (promover igualdad de oportunidades sin discriminación) y la Política 12 (garantizar acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad).
Del mismo modo, el proyecto se enmarca dentro de la Agenda Legislativa 2024–2025, que prioriza iniciativas vinculadas con educación, equidad y protección de la niñez y la adolescencia. Según la exposición de motivos, su aprobación contribuiría a disminuir las brechas sociales, mejorar la cohesión y asegurar que los estudiantes huérfanos puedan mantener su trayectoria educativa en cualquier región del país.
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