


La Unión Europea propone restringir el acceso a redes sociales a los menores. La iniciativa busca reforzar la protección infantil en el entorno digital y se suma a otros debates sobre regulación tecnológica e inteligencia artificial.
La Unión Europea prepara un cambio profundo en la regulación de las redes sociales para menores, con una iniciativa legislativa orientada a frenar el acceso temprano de niños y adolescentes a estas plataformas digitales y a elevar los estándares de protección infantil en el entorno tecnológico.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció que la Unión Europea proyecta prohibir el uso de redes sociales a menores de 13 años en todo el territorio comunitario. La medida responde a las crecientes restricciones implementadas por diversos Estados miembros de la Unión Europea y al precedente global marcado por Australia, país que en diciembre de 2025 vetó estas plataformas para menores de 16 años.
La normativa contempla excepciones para los jóvenes de 13 y 14 años, quienes podrán utilizar "minicuentas" bajo supervisión parental y con funciones limitadas. El tiempo de uso para este grupo etario se restringiría a un máximo de una hora diaria, buscando mitigar los riesgos asociados a la hiperconectividad.
En los próximos días, la Comisión Europea presentará una nueva ley de protección infantil que invertirá la carga de la prueba. Esto significa que las grandes empresas tecnológicas tendrán la obligación de demostrar que sus plataformas son seguras para los menores de edad, en lugar de que las autoridades deban probar primero que existe un riesgo.
Asimismo, la regulación se plantea como un nuevo pilar normativo que complementará las leyes vigentes sobre servicios digitales e inteligencia artificial.
La tramitación de la ley podría demorar varios años, ya que requerirá el respaldo de los Estados miembros, varios de los cuales ya promueven normativas nacionales similares, como los casos recientes de Francia, España, Dinamarca y Suecia. Pese al desafío legislativo, la Comisión enfatiza que el poder para decidir las reglas recae en las instituciones públicas y no en las corporaciones tecnológicas.
Aunque la propuesta europea todavía deberá atravesar un proceso legislativo, marca una tendencia cada vez más visible hacia la regulación del uso de la tecnología cuando se trata de proteger a niños y adolescentes. Esta preocupación no se limita a las redes sociales para menores, también alcanza otros espacios donde la inteligencia artificial empieza a ganar terreno, como las aulas escolares.
En ese contexto, Nueva York tomó una medida relacionada con el uso de estas herramientas en los colegios, con una suspensión temporal que abrió un nuevo debate sobre cómo y cuándo incorporar la inteligencia artificial en la educación.



