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Pueblos indígenas

03 Nov 2026 | 17:40 h
El acceso a la protección frente a la violencia en el Perú se complica por el desconocimiento de las realidades culturales de comunidades como los awajún y wampis. Esto dificulta la labor de justicia y protección.
Acceder a protección frente a la violencia puede ser más complicado cuando las instituciones desconocen la realidad de las comunidades a las que atienden. En el Perú, esta situación representa un desafío para los servicios de justicia, especialmente en territorios donde conviven distintas lenguas, costumbres y formas de organización.
Una de las zonas donde se desarrollan estas iniciativas es Condorcanqui, provincia de Amazonas, donde el Ministerio de Cultura trabaja para contribuir a prevenir y atender la violencia que afecta a integrantes de los pueblos awajún y wampis.
La intervención no se limita al trabajo con las comunidades. También contempla la preparación de servidores públicos del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) y de los sectores Salud y Educación, cuyas labores están vinculadas con la protección de las víctimas.
La necesidad de adaptar los servicios públicos a las características de cada población cobra mayor relevancia si se considera que cerca de 7 millones de peruanos se identifican como integrantes de algún pueblo indígena u originario, de acuerdo con los Censos Nacionales 2025.
Amazonas, Ucayali y Loreto son algunas de las regiones con una importante presencia de estas comunidades. En estos territorios, las diferencias de idioma y las particularidades culturales pueden convertirse en obstáculos si no son tomadas en cuenta durante la atención de casos de violencia.
Por ello, existen lineamientos aprobados mediante el Decreto Supremo N.° 009-2019-MC, que establecen criterios interculturales para prevenir, atender y proteger frente a la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas.
En esa línea, el Ministerio de Cultura capacitó a 34 representantes del Ministerio Público para fortalecer sus intervenciones en casos de violencia que involucren a personas de pueblos indígenas u originarios.
La jornada incluyó contenidos sobre derechos colectivos, formas de relacionamiento con las comunidades y criterios para incorporar el enfoque intercultural en el trabajo fiscal. Estos conocimientos buscan que las víctimas reciban un trato respetuoso y una atención que considere su contexto cultural, territorial y lingüístico.
Con estas acciones, el sector busca que los operadores de justicia puedan responder a las necesidades de cada comunidad sin que sus particularidades se conviertan en una barrera para ejercer sus derechos.
De esta manera, fortalecer la atención institucional es fundamental para proteger los derechos de las comunidades indígenas. A estas acciones se suman otras intervenciones que llevan servicios de prevención y orientación a poblaciones vulnerables en distintas regiones del país, incluso en zonas de difícil acceso.