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A pesar de existencias de leyes y herramientas como SiSeVe, los protocolos de prevención fallan. La violencia escolar no se resuelve solo con sanciones, se requiere acción inmediata y un compromiso real con la dignidad de los menores. Foto: Envato
“Cuando la escuela calla, la violencia grita”, advierte la comunicadora y abogada Alejandra De América Custodio Hernández
18 Sep 2026 | 18:07 h
La autora advierte que el silencio institucional frente al bullying y el ciberacoso convierte a la escuela en cómplice del daño, y pide pasar de la norma escrita a la acción concreta.
Los recientes casos de violencia entre estudiantes en el país vuelven a poner el acoso escolar en el centro de la conversación pública. La situación no debe entenderse únicamente como un conflicto entre adolescentes, sino como una alerta sobre la capacidad de las instituciones educativas para prevenir, detectar y detener.
El acoso puede manifestarse mediante insultos, amenazas, golpes, aislamiento, burlas, difusión de imágenes o mensajes ofensivos y hostigamiento persistente en redes sociales. Cuando estas conductas son minimizadas como cosas de chicos, la víctima queda expuesta, el agresor recibe un mensaje de tolerancia y la violencia termina normalizada sin respuesta institucional.
La publicación 'Cuando la escuela calla, la violencia grita', difundida en la página de Facebook Hablemos de Derecho, plantea esta preocupación desde una mirada jurídica y ciudadana. Su autora, Alejandra De América Custodio Hernández, comunicadora social y abogada, cuestiona la distancia entre las normas de protección existentes y la respuesta institucional concreta frente a estos casos. A continuación, el texto completo:
“Cuando la escuela calla, la violencia grita” por Alejandra De América Custodio Hernández
La violencia escolar y el ciberacoso en el Perú son heridas abiertas que ni las leyes ni las plataformas digitales logran cerrar. El artículo 122-B del Código Penal y la Ley Nº 30364 representan avances jurídicos, pero en la práctica se convierten en letra muerta frente a la indiferencia institucional. Los adolescentes siguen expuestos a agresiones físicas, psicológicas y digitales que marcan su vida, mientras las autoridades educativas miran hacia otro lado.
La corresponsabilidad de los colegios es innegable. Cuando un director minimiza el bullying como cosas de chicos, cuando un maestro no reconoce las señales de acoso, cuando un psicólogo escolar no existe en la plantilla, la violencia se perpetúa. No se trata solo de sancionar al agresor, sino de asumir que la escuela es el primer espacio de protección. Y cuando ese espacio falla, el silencio institucional se convierte en cómplice del daño.
El Ministerio de Educación ha creado SiSeVe, y existen también la Línea 100 y los Centros de Emergencia Mujer (CEM). Sin embargo, la experiencia demuestra que estas herramientas funcionan más como mecanismos reactivos que preventivos. Las denuncias se acumulan, los protocolos se diluyen y la protección real solo aparece cuando la tragedia ya ocurrió: un suicidio, un feminicidio, una violación. ¿De qué sirve denunciar si la respuesta llega tarde? ¿De qué sirve un sistema que no logra detener el maltrato sistemático antes de que se convierta en irreversible?
La violencia no se combate únicamente con sanciones legales. Se necesita un enfoque humano, campañas educativas que visibilicen el problema y mensajes que devuelvan confianza a quienes han sido silenciados. La ley debe ser un escudo, no un trámite burocrático. La escuela debe ser un refugio, no un escenario de impunidad.
Esta problemática también pone en evidencia la importancia de que docentes y autoridades educativas sepan reconocer las señales de alerta y actúen de manera oportuna. Foto: Envato
El reto es claro: transformar la cultura institucional, asumir la corresponsabilidad y convertir las herramientas estatales en verdaderos mecanismos de prevención. Porque cuando la escuela calla, la violencia grita. Y ese grito, si no se escucha a tiempo, termina apagando vidas que pudieron salvarse.
La sociedad peruana debe reconocer que la violencia no es un asunto privado, sino un problema público que afecta la democracia y el desarrollo humano. La indiferencia institucional ya no es una opción. Los maestros, directores y autoridades educativas tienen en sus manos la posibilidad de cambiar el destino de miles de estudiantes. No basta con protocolos escritos ni con números de atención telefónica: se requiere acción inmediata, compromiso real y una voluntad política que coloque la vida y la dignidad de la niñez por encima de la burocracia.
El silencio institucional es el verdadero enemigo. Mientras las leyes esperan ser aplicadas y las plataformas aguardan denuncias, los estudiantes siguen siendo víctimas de un maltrato sistemático que erosiona su confianza, su rendimiento escolar y su proyecto de vida. La violencia escolar y digital no es un fenómeno aislado: es el reflejo de una cultura que aún tolera el abuso y que necesita ser transformada desde la raíz.
La pregunta que debemos hacernos como sociedad es simple y dolorosa: ¿cuántas vidas más deben perderse para que las autoridades reaccionen? La respuesta no puede seguir siendo el silencio.
El pronunciamiento de Custodio Hernández se suma a un debate que atraviesa al sistema educativo peruano: la distancia entre la normativa vigente y su aplicación efectiva en los colegios. Mientras las autoridades atienden los recientes casos registrados en Lima, la discusión sobre el rol de las instituciones educativas frente al acoso escolar y el ciberacoso continúa abierta.
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