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Pueblos indígenas
27 Mar 2025 | 17:43 h
Tras la crisis política y económica presentada en Venezuela, a lo largo del 2017 y 2018, los ciudadanos comenzaron a migrar a distintos países, incluido el Perú. Según ACNUR, en la actualidad hay más de 1.6 millones de venezolanos desplazados por la fuerza, de los cuales 800 mil son mujeres y más de 500 mil son niños y niñas.
En ese marco, y siguiendo el compromiso de trabajar en la lucha contra la violencia a las mujeres, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, firmó una carta de entendimiento con Laura Almirall, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Esto con el objetivo central es proteger los derechos de las personas refugiadas víctimas de violencia en todas sus formas.
Es importante indicar que la ACNUR es un organismo perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que protege a las personas forzadas a huir de sus hogares y las personas que no poseen ninguna nacionalidad. Por ende, se centran en brindar asistencia vital, salvaguardar sus derechos humanos y ayudarlos a encontrar un lugar seguro.
Gracias a este compromiso renovado, se permitirá garantizar la protección de los derechos de esta población en el país y, asimismo, continuar trabajando de manera conjunta para un mejor desarrollo.
“Es nuestra responsabilidad marcar las pautas y coordinar con todos los sectores involucrados, tenemos un gran interés por trabajar en este tema, siempre en el marco de las políticas que tenemos en nuestro país”, recalcó la ministra Fanny Montellanos.
Tras la firma de la carta de entendimiento, la ministra indicó que la principal labor de su gestión se enfoca en las poblaciones vulnerables. Especialmente en la lucha contra la violencia hacia la mujer, que, como se muestra a través de los medios, es un problema persistente en la sociedad.
Por su parte, ACNUR reiteró el compromiso de continuar trabajando de la mano con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. De esa manera, se busca incentivar iniciativas de interés común que beneficien tanto a las personas refugiadas, así como a todos los peruanos; promoviendo el ejercicio libre de sus derechos.