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09 Nov 2026 | 15:13 h
La violencia digital abarca acciones que vulneran la seguridad y dignidad de las personas, como el acoso en línea, amenazas y la difusión no consentida de contenido íntimo.
Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería facilitan la comunicación, pero también pueden convertirse en espacios de intimidación y acoso. Frente a esta realidad, la violencia digital se ha convertido en una preocupación creciente. La Oficina Académica de Responsabilidad Social (OARS), mediante su Consultorio Jurídico de Violencia de Género, explica cómo identificar estas agresiones y qué alternativas existen para enfrentarlas en el Perú.
La violencia digital comprende acciones realizadas mediante internet, redes sociales o dispositivos tecnológicos que afectan la intimidad, dignidad, seguridad y tranquilidad de una persona. Entre sus manifestaciones están el acoso mediante mensajes insistentes, las amenazas, la suplantación de identidad y la difusión de fotografías o videos íntimos sin autorización.
También incluye el chantaje, que ocurre cuando alguien amenaza con publicar contenido privado para presionar a otra persona y conseguir actos de carácter íntimo.
En el Perú, estas conductas cuentan con disposiciones legales. El artículo 151-A del Código Penal contempla el acoso mediante tecnologías de información; el artículo 154-B regula la difusión no consentida de contenido íntimo en los supuestos previstos por ley, y el artículo 176-C sanciona el chantaje.
Asimismo, el Decreto Supremo N.° 002-2025-MIMP incorporó expresamente la violencia facilitada por tecnologías digitales en el reglamento de la Ley N.° 30364.
Ante una agresión en internet, es importante conservar las pruebas que puedan servir durante una investigación. Para ello, se recomienda guardar capturas de pantalla completas, enlaces, conversaciones, nombres de usuario, fechas y horas. También es conveniente evitar modificar o eliminar los mensajes originales.
Luego de recopilar la información, se pueden bloquear las cuentas involucradas y denunciar los perfiles o publicaciones desde las herramientas de cada plataforma. Si existen amenazas, es posible acudir a una comisaría o al Ministerio Público.
Otra alternativa es solicitar orientación a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la Policía Nacional del Perú. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) también ofrece atención gratuita mediante la Línea 100, disponible las 24 horas, y el Chat 100.
Las investigaciones pueden complicarse cuando los responsables utilizan perfiles falsos, cuentas anónimas o eliminan mensajes. Además, la rápida circulación de publicaciones dificulta reconstruir los hechos.
Por ello, preservar las evidencias y acudir oportunamente a las autoridades facilita las diligencias correspondientes. También es importante buscar acompañamiento jurídico y emocional para afrontar las consecuencias de estas agresiones.
Ninguna persona es responsable de que otra decida acosarla, amenazarla o divulgar su contenido privado. La violencia digital no debe minimizarse por ocurrir detrás de una pantalla: también afecta derechos y merece atención.
Reconocer estas agresiones y saber cómo actuar es fundamental para proteger los derechos de las personas. Esta violencia también puede presentarse en las calles, donde el acoso cuenta con mecanismos de denuncia y sanciones contempladas por la ley.