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Pueblos indígenas

12 Ago 2026 | 15:56 h
Las organizaciones demandan financiamiento garantizado hasta 2027, así como la atención integral en salud y educación para garantizar el bienestar de niñas y adolescentes de awajún y wampís.
La carta suma 359 firmantes, entre ellos 66 organizaciones civiles, que se han adherido al llamado dirigido a la Presidencia y a las nuevas autoridades del Ejecutivo y Congreso. Demanda una transformación estructural, financiamiento garantizado para el 2027 y la participación directa de los pueblos indígenas.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, colectivos y ciudadanía han unido sus voces en un firme llamado a la acción dirigido a la Presidencia de la República, así como a las nuevas autoridades electas del Ejecutivo y del Congreso. A través de una carta abierta, exigen una política pública urgente, articulada y con presupuesto asignado para frenar la grave crisis de violencia, desprotección e impunidad que impacta a las niñas, adolescentes y mujeres de las comunidades awajún y wampís en la provincia de Condorcanqui, Amazonas.
El documento señala de manera enfática que la situación actual no responde a una emergencia circunstancial, sino a problemas estructurales históricos: la ineficacia de los servicios públicos, la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a la justicia y la ausencia de pertinencia intercultural, dinámicas que se ven gravemente agravadas por economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.
Para garantizar que el Estado gobierne desde y junto al territorio, la ciudadanía y las organizaciones impulsoras plantean tres ejes prioritarios e impostergables:
La carta establece un plazo claro para las autoridades: se solicita la convocatoria a una reunión pública de alto nivel en Condorcanqui dentro de los próximos 30 días, con capacidad de decisión real y la participación protagónica de organizaciones como el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), COMUAWUY, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y representantes de las organizaciones impulsoras.
Asimismo, se exige formalmente que el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027 garantice los recursos necesarios para sostener estas medidas en el tiempo, acompañado de sanciones ejemplares —incluyendo la expulsión y retiro definitivo del servicio— para el personal de salud, educación o de las guarniciones militares responsable de abusos sexuales.
"Las niñas y adolescentes tienen derecho a vivir sin violencia, permanecer junto a sus familias, estudiar con seguridad, acceder a servicios de salud y ser escuchadas en su propia lengua. El silencio y la demora también producen impunidad. Es momento de actuar", demanda el llamado.
Las organizaciones firmantes reafirmaron su compromiso de respaldar el liderazgo territorial de los pueblos awajún y wampís, manteniendo un seguimiento constante para asegurar que las decisiones estatales se traduzcan en garantías reales para la vida y dignidad de las niñas, adolescentes y mujeres en la Amazonía peruana. Esta amplia adhesión demuestra que, cuando se trata de causas comunes como la defensa de la niñez y la adolescencia, la unión ciudadana se convierte en una fuerza capaz de generar cambios reales.
Carta pública dirigida a la Presidenta de la República y autoridades, haz clic aquí.
[NOTA DE PRENSA]