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02 Oct 2026 | 15:03 h
La Defensoría promueve un enfoque de derechos humanos, priorizando salud, pensiones y seguridad social. Se busca involucrar a la sociedad y al sector privado en la atención digna y respetuosa hacia las personas adultas mayores.
El Perú atraviesa un proceso de envejecimiento de su población que plantea nuevos desafíos para el Estado. En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de este grupo y llamó a fortalecer las medidas que permitan garantizar una vejez digna, autónoma y libre de violencia.
Los resultados del Censo Nacional 2025 revelan que la población de 60 años a más pasó de representar el 11,7% en 2017 al 14,8% en 2025. Esto significa que actualmente supera los 5 millones de personas en el país.
Para la Defensoría, este crecimiento requiere que las políticas públicas, instituciones y servicios respondan a las necesidades de esta población. Las personas adultas mayores son sujetos de derecho y su edad no puede convertirse en una razón para discriminarlas, excluirlas o limitar su participación social, económica, cultural o política.
Entre las situaciones que pueden afectar sus derechos figuran la pobreza, el abandono, la violencia, el maltrato, la dependencia y las dificultades para acceder de manera oportuna a los servicios públicos.
La institución considera necesario fortalecer la atención en áreas como salud, protección frente a la violencia, cuidados, seguridad social, pensiones, servicios sociales y acceso a la justicia. La atención debe considerar especialmente a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La Defensoría también plantea abordar el envejecimiento desde un enfoque de derechos humanos, sin asumir que las personas mayores son únicamente dependientes o requieren asistencia. Por el contrario, deben contar con condiciones que les permitan ejercer su autonomía y continuar participando activamente en sus comunidades.
En agosto de 2026, la institución aprobó, mediante la Resolución Defensorial N.° 0018-2026-DP, un programa especial para fortalecer la protección, supervisión y promoción de los derechos de las personas adultas mayores en todo el país. La medida incluye la atención de quejas y la supervisión de los servicios públicos dirigidos a este grupo.
Además, el Perú ratificó en 2020 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que reconoce derechos vinculados con la dignidad, autonomía, independencia, cuidados de largo plazo e igualdad.
En esta fecha, la Defensoría exhortó a los tres niveles de gobierno a cerrar brechas y garantizar servicios accesibles, oportunos y de calidad. También destacó la importancia de involucrar a las familias, organizaciones de personas adultas mayores, sociedad civil y sector privado en la construcción de una cultura de respeto, buen trato e inclusión.
El reto no solo implica ampliar los servicios, sino también promover una atención basada en el respeto, el buen trato y la autonomía. En esa línea, distintas iniciativas vienen impulsando la preparación de quienes atienden a esta población para mejorar la calidad de los servicios y prevenir situaciones de maltrato.
Una de estas experiencias se enfocó en fortalecer la formación del personal que atiende a personas adultas mayores, con herramientas para brindar un trato más respetuoso y adecuado a sus necesidades. Esta iniciativa muestra cómo la capacitación también puede contribuir a mejorar la atención y proteger sus derechos.