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17 Sep 2026 | 16:05 h
La ONU alerta que los retrocesos democráticos y las brechas persistentes amenazan los derechos de las mujeres y su participación en espacios de poder.
El retroceso en los derechos de las mujeres se refleja en la menor representación política, la pérdida de recursos para políticas de igualdad y las barreras que aún limitan su participación en espacios de decisión. Este escenario también afecta la igualdad de género, la participación política y el acceso de más mujeres al poder.
El ejercicio de cargos públicos y el liderazgo institucional enfrentan crecientes dificultades a escala global. La proporción de mujeres parlamentarias ha disminuido en 54 países durante los últimos cinco años, el número de ministras se ha reducido un 20% a nivel mundial y, por primera vez en dos décadas, desciende la cifra de presidencias y portavocías en los parlamentos.
Además, el 90% de las ministras se concentran en carteras de cuidados o igualdad, mientras que los ministerios de Defensa e Interior registran apenas un 12% y un 11% de representación femenina, lo que limita su influencia en decisiones clave.
La participación pública se ve severamente afectada por la violencia política. En diversos países, ocho de cada diez candidatas a parlamentos y seis de cada diez a elecciones locales denuncian haber sufrido agresiones psicológicas, físicas, económicas o sexuales.
Esta problemática se amplifica de manera notable a través de las redes sociales y de espacios digitales donde se promueve la hostilidad hacia las mujeres, lo que desincentiva su continuidad en la vida pública.
Las desigualdades estructurales persisten tanto en el mercado de trabajo como en el financiamiento de las organizaciones sociales. La tasa de empleo de las mujeres se sitúa en el 63,9% frente al 92% de los hombres, con una fuerte presencia en la economía informal y con brechas salariales que afectan a las directivas en ocho de cada diez países. A esto se suma que los grupos que defienden la igualdad sufren una fuerte crisis financiera, reflejada en una caída del 28% en los fondos de cooperación internacional, lo que dificulta la implementación de medidas estructurales como el uso de cuotas y el fortalecimiento de la legislación contra la misoginia.
El panorama evidencia que la igualdad de género no avanza de manera uniforme. Aunque persisten retrocesos, las últimas décadas también muestran que las políticas públicas pueden reducir brechas y ampliar oportunidades para mujeres y niñas.
En ese proceso, medidas relacionadas con la educación, la protección social, los cuidados, la prevención de la violencia y la participación en espacios de decisión resultan claves para sostener los avances y enfrentar las desigualdades que aún persisten.