Medidas para impulsar la igualdad de género en favor de todas las mujeres y niñas

El mayor progreso desde 1995 se ha dado en el ámbito educativo: actualmente, nunca antes hubo tantas niñas matriculadas en la escuela. Asimismo, se han fortalecido los marcos legales. Antes de la Plataforma de Acción de Beijing (agenda global para el empoderamiento femenino y la igualdad de género), solo 19 países contaban con normas que protegían a las mujeres frente a la violencia; hoy son 152. No obstante, la debilidad institucional, la escasez persistente de recursos y las crisis constantes han ralentizado los avances y, en muchos casos, generado retrocesos.

El reporte presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas analiza los avances logrados en 159 países en los últimos años y detalla tanto los logros obtenidos como los desafíos que aún requieren atención.

Estos factores han representado un freno significativo para los avances en igualdad de género durante los últimos años. Durante los confinamientos por la emergencia sanitaria, la violencia doméstica aumentó de manera alarmante. Asimismo, las guerras y la crisis climática golpean con mayor intensidad a mujeres y niñas en distintas regiones del mundo. Solo en 2023 se contabilizaron más de 170 conflictos armados, lo que implica que aproximadamente 612 millones de mujeres y niñas residen a menos de 50 kilómetros de estas zonas, más del doble que en 2010. Además, si la crisis climática continúa agravándose, se estima que para 2050 unas 158,3 millones más podrían caer en la pobreza.

Se observa un retroceso impulsado por movimientos contrarios a los derechos de las mujeres. En los últimos años han cobrado fuerza iniciativas que promueven leyes restrictivas, especialmente en materia de salud sexual y reproductiva, limitando el acceso a servicios y debilitando las garantías legales frente a la violencia de género. Las mujeres que participan en política y en la vida pública enfrentan amenazas crecientes, mientras que el espacio para denunciar abusos y exigir rendición de cuentas se reduce con rapidez preocupante.

La igualdad de género enfrenta un déficit de financiamiento persistente. Las medidas de austeridad y el marcado aumento de la deuda, especialmente en los países más pobres, han provocado recortes en servicios esenciales como la salud y la educación. En 2022, apenas un 4 % de la ayuda bilateral se destinó a programas que prioricen la igualdad de género. Además, el respaldo a organizaciones e instituciones gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres continúa disminuyendo. Entre 2021 y 2022, el financiamiento destinado a estas organizaciones se redujo en un tercio, pasando de un promedio anual de 867 millones de dólares en 2019-2020 a 596 millones de dólares. Los organismos nacionales que promueven la igualdad de género están perdiendo recursos, lo que limita su capacidad, poder y recursos para cumplir su misión.

El rápido aumento poblacional en África subsahariana, así como en ciertas regiones de Asia, América Latina y el Caribe, están impactando en los servicios públicos, incluidos la salud, la educación y los servicios sexuales y reproductivos, en áreas donde los gobiernos ya enfrentaban dificultades para proveerlos. Por otro lado, en regiones como Europa y Japón, el envejecimiento de la población ha generado un incremento en la carga del trabajo de cuidados no remunerado, responsabilidad que recae mayoritariamente en mujeres y niñas.

Cerrar la brecha digital de género podría generar un ahorro de hasta 500.000 millones de dólares en los próximos cinco años. La tecnología debe actuar como un instrumento de igualdad, y no como un factor de exclusión.

Es fundamental respaldar el Pacto Digital Mundial y desarrollar políticas orientadas a reducir la brecha digital de género, asegurando así el acceso equitativo a la tecnología y promoviendo el liderazgo de mujeres y niñas.

Casi el 10 % de las mujeres enfrenta pobreza extrema. Los servicios públicos y la protección social fortalecen su seguridad económica. Además, las mujeres dedican al menos el doble de tiempo que los hombres a trabajos de cuidados no recompensados, importantes para el bienestar de familias, sociedades y economías, aunque suelen estar poco valorados y mal remunerados. Invertir en servicios de cuidados como guarderías, licencias pagadas y asistencia a largo plazo, podría generar cerca de 300 millones de empleos para 2035.

Es imprescindible potenciar los sistemas de protección social y los servicios públicos y de cuidados, para que mujeres y niñas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y prosperidad.

A lo largo de su vida, una de cada tres mujeres será víctima de violencia física o sexual. Aunque existen múltiples leyes alrededor del mundo, su aplicación suele ser deficiente y las medidas preventivas reciben poca inversión.

Es fundamental promulgar, ejecutar y financiar leyes y políticas nacionales que transmitan claramente que la violencia contra las mujeres no quedará impune, al mismo tiempo que se respalda a las organizaciones locales que trabajan en su protección.

Actualmente, las mujeres ocupan apenas el 27 % de los escaños parlamentarios a nivel mundial, lo que significa que la mayoría de las decisiones que afectan sus vidas las toman hombres. Esta desigualdad no solo es injusta, sino también poco eficaz: la participación femenina en la política promueve decisiones más inclusivas, soluciones más variadas y mejores resultados económicos.

Es crucial aplicar leyes, políticas y medidas temporales como las cuotas de género para incrementar la presencia de mujeres en cargos de decisión en la política, empresas e instituciones.

Más de 600 millones de mujeres y niñas viven en áreas impactadas por conflictos armados, y la violencia sexual vinculada a estos conflictos aumentó un 50 % solo el año pasado. Las organizaciones de mujeres lideran la consolidación de la paz y la respuesta a crisis, pero reciben poca financiación y reconocimiento.

Es imprescindible desarrollar planes nacionales respaldados con recursos adecuados que fomenten la participación significativa de mujeres en todos los ámbitos de paz y seguridad, y que apoyen económicamente a las organizaciones de mujeres en contextos de conflicto y emergencia.

La aceleración de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad afecta especialmente a mujeres, sobre todo aquellas en comunidades rurales e indígenas. Al mismo tiempo, ellas son pioneras en generar soluciones. Se debe priorizar a mujeres y niñas en la acción climática, promoviendo su liderazgo e incrementando su acceso a empleos verdes en sectores como agricultura sostenible, energías renovables y servicios de cuidados.

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